Hungría quiere gravar con 50 céntimos cada giga de Internet que se consuma

Hungría está ultimando la implantación de un nuevo impuesto que gravará las transferencias de datos por Internet y que tendrán que pagar los proveedores de telecomunicaciones, con lo que se espera que al final afecte a los propios clientes.
En concreto, las telecos tendrán que pagar 150 florines (unos 50 céntimos) por cada gigabyte (GB) consumido en el tráfico de datos, y aunque el Gobierno estima que se recaudarán unos 65 millones de euros. Lo cierto es que se iría hasta más de los 570 millones de euros de recaudación ya que en 2013 se consumieron 1168 millones de gigabytes en el país, y este año se estima que crecerá, según recoge Reuters.
Ante esta medida las protestas no se han hecho esperar, especialmente en las redes sociales, donde los usuarios húngaros creen que este impuesto les acabará repercutiendo directamente en el precio que pagan por la conexión a Internet.
La Asociación de Telecomunicaciones y Electrónica del país se queja argumentando que el "drástico" nuevo impuesto amenaza con socavar las inversiones previstas en la infraestructura de red de banda ancha, y ha pedido que la propuesta sea retirada.
Además, indica que "los verdaderos perdedores del impuesto en Internet no son las empresas de Internet sino también sus clientes, usuarios, y todos los húngaros que ahora accederán a los mismos servicios, pero mucho más caro".
Uno de los líderes contra el impuesto gubernamental, Balazs Nemes, explicó que "sólo las dictaduras más oscuras desean controlar la Internet, ya sea económicamente o imponiendo su poder. En los países más desarrollados, el acceso a Internet de banda ancha se considera como parte de los derechos humanos. Nosotros pagamos el IVA, los proveedores de servicios de Internet pagan impuestos a las empresas, entonces, ¿qué justifica hacer de la web un lujo cuando hacemos cosas básicas como pedir citas médicas, gestionar las aplicaciones universitarias o usar la banca online?".
El debate está abierto en el país y aún queda la aprobación definitiva del gravamen, que además, llegado el caso de recibir el respaldo de la mayoría política del país, podría ser bloqueado o recurrido por la Unión Europea.

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